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:: Notas:
La
Nación
Lunes 22/08/05
Usurpación
de tierras, una nueva y temible forma del delito rural
LA PLATA.– La
inseguridad que azota a la zona rural de la provincia
de Buenos Aires parece haber sumado una nueva y temible
modalidad: la Justicia investiga al menos tres casos
de presuntas usurpaciones de campos, no exentas de
amenazas y violencia, ocurridas en los últimos
dos meses en los partidos de San Vicente, Coronel
Brandsen y Presidente Perón.
La descripción
de los sucesos hecha por cada denunciante coincide:
entre 5 y 15 personas llegan cuando el puestero no
está, y, si lo encuentran, lo obligan a irse
por la fuerza, cambian los candados de las tranqueras
y se instalan.
Desde ese momento, usurpados
y usurpadores toman las armas para defender lo que
dicen que es suyo.
Los denunciantes están
convencidos de que las usurpaciones son cometidas
por bandas organizadas que hacen inteligencia sobre
sus víctimas, conocen los vericuetos legales
relacionados con las cuestiones de propiedad y, sobre
todo, contarían con protección política
o de policías, a tal punto que hay casos en
que intervienen agentes uniformados.
“Si no hubiesen
venido con la policía, mis peones sacaban a
esta gente a los tiros. Pero vienen con la policía
y hay que entregarse”, dijo a LA NACION Ana
María Buiani, que denunció la usurpación
de parte de su establecimiento, La Primavera, de Guernica.
Este tipo de delitos
fue el tema excluyente en el último encuentro
de la Mesa Agropecuaria Provincial, que reúne
a funcionarios y dirigentes rurales. El gobernador
Felipe Solá pidió entonces un informe
sobre aquellos casos. Eso, pese a que la Dirección
de Tierras de la provincia (en una carta de lectores
publicada por LA NACION) atribuyó las presuntas
usurpaciones a eventuales disputas entre particulares
que deben ser dirimidas ante la justicia civil y comercial,
aun cuando tres jueces platenses se han excusado de
actuar en estos casos.
"En la mañana
del 17 de mayo, un señor llamado Arturo Esteve
fue al campo con dos policías y le dijo al
puestero, Juan Latorre, que debía irse porque
iba a tomar posesión. Así empezó
una odisea", denunció Ignacio Warnes.
El establecimiento San
Ignacio tiene 84 hectáreas y está situado
en el camino Las Once Bocas, en Cuartel IV, San Vicente.
Warnes denunció en la Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) Nº 1 de La Plata, a cargo de la fiscal
Ana Medina, que Latorre fue obligado a firmar, en
la comisaría 1a. de esa ciudad, una exposición
falsa. Latorre -que según la denuncia fue maltratado
por los usurpadores- relató: "Me dijeron
que venían a hacer un procedimiento y me mostraron
un papel; no sé qué decía porque
no sé leer".
Warnes agregó
que horas después de la supuesta usurpación
fue al campo acompañado por amigos. "Nos
dispararon desde adentro. Nos fuimos", dijo.
Siete días después, la jueza de Garantías
platense Marcela Garmendia ordenó el desalojo
pedido por la fiscal, y Warnes volvió al campo.
"Robaron 360 animales, 40 toneladas de maíz,
un tractor y 400 postes de madera. Arrasaron con todo
aunque había policías en la tranquera",
detalló.
La versión de
Esteve es diferente: "No es un campo sino un
loteo. La Asociación de Personal de Salud Pública
de la provincia, de la cual soy vocal, adquirió
más de 100 de los 225 lotes. En diciembre de
2004, después de varias reuniones con Warnes,
hicimos un convenio de desalojo que firmó la
esposa, presidenta de la sociedad anónima que
dice acreditar la tenencia de la tierra. Tomamos posesión
de algo que nos pertenece".
Esa asociación
está inscripta en la Dirección de Personería
Jurídica, pero en la dirección que allí
figura, en Lomas de Zamora, vive un particular que
asegura no tener nada que ver.
Esteve aclaró:
"El puestero no fue maltratado; incluso, le garantizamos
el reconocimiento de sus derechos laborales. El robo
es una acusación infundada. Había un
patrullero que no nos permitía hacer mal uso
de nada". Y explicó lo de los disparos
del día de la presunta usurpación: "Cuando
ya había oscurecido, llegaron varios autos
que enfocaron sus luces hacia el campo y hubo gente
que saltaba por los alambrados. Mientras llamamos
al 911 disparamos al aire".
Ahora el campo es custodiado
por personal de seguridad, armado y con chalecos antibala,
contratado por Warnes. Mientras, la fiscal investiga
si efectivamente hubo un robo y si existe participación
policial.
Apelación y excusación
Armando Crespo Furlán
denunció un hecho similar en la UFI Nº
2, a cargo de Tomás Morán, por un campo
de 600 hectáreas -Lomas de Vizcacheras-, en
el kilómetro 85 de la ruta 2, en Coronel Brandsen.
Según dijo, pertenece
a la familia Alcuaz, de su esposa, desde principios
del siglo pasado. La mujer lo heredó y, cuando
la enfermedad que la afectaba se agravó, en
mayo último, resolvió cederlo a sus
dos hijos.
"Encontramos una
deuda en Rentas e ingresamos en una moratoria. Al
mismo tiempo, en el campo ocurrieron cosas extrañas,
como gente que preguntaba si se vendía y un
intento de asalto", relató Crespo Furlán.
Tras ese episodio, el puestero y su esposa sólo
permanecieron en el campo durante el día.
La noche del 1º
de junio pasado, cuando la mujer de Crespo Furlán
falleció, diez personas supuestamente armadas
entraron con un acta de toma de posesión firmada
por un escribano y aún permanecen allí.
La medida cautelar para
obtener el desalojo fue rechazada, pues el juez de
Garantías Guillermo Atencio consideró:
"Hasta ahora no hay verosimilitud en el derecho".
"Tengo más de mil animales. Es como si
hubiesen ocupado una fábrica en funcionamiento.
Estoy desesperado y ya no sé a quién
recurrir. Además, temo por la seguridad de
mi familia", dijo Crespo Furlán.
En diálogo con
LA NACION, el escribano que firmó la toma de
posesión, Carlos J. Castro (h.), dijo: "Constaté
que la tranquera no tenía candados, que la
casa estaba vacía y que en el lugar no había
nadie. Si diez minutos antes alguien rompió
el candado o si en el fondo del campo tenían
maniatado al puestero, yo no puedo saberlo".
La Cámara ratificó
la decisión de Atencio, que días atrás
se excusó de continuar con el caso. El abogado
de Crespo Furlán, Héctor Granillo Fernández,
dijo que podría denunciar al escribano por
presunta falsedad ideológica de documento público.
Denuncias cruzadas
El 9 de junio Ana María
Buiani denunció ante la Justicia la usurpación
de la mitad de las 800 hectáreas de su establecimiento,
La Primavera (de Guernica, partido de Presidente Perón),
donde tiene 500 animales.
"Eran 12 o 14 personas,
con escopetas Ithaka, tres camionetas y dos móviles
de la comisaría. Para meterse, invocaron la
orden verbal de un fiscal", dijo Buiani, quien
asegura que el campo pertenece a su familia desde
1909 y que presentó a la Justicia las distintas
sucesiones, la escritura y los comprobantes de pago
de impuestos.
El 24 de junio, la UFI
Nº 1 solicitó ese desalojo pero aún
no se concretó, pues no falta la aprobación
de un juez de Garantías. Es que existe una
causa previa -cerrada por inexistencia de delito-
en la que Buiani había sido denunciada como
usurpadora, lo que motivó que varios magistrados
se declararan incompetentes.
El origen de la denuncia
anterior es la compra, por parte de un particular,
de un título de posesión que habría
resultado falso. La Justicia también investiga
una presunta doble registración del inmueble.
Un último caso
se sumó el jueves pasado, cuando el propietario
de un predio situado en el kilómetro 67,5 de
la ruta 2, en Poblet, logró evitar la usurpación
de su campo al forcejear y desarmar al sujeto que
recorría su terreno con espurias intenciones.
Por Ximena Linares Calvo
De la Corresponsalía La Plata
Un delito controvertido
LA PLATA.- El Código
Penal establece para la usurpación, en su artículo
181, una pena de prisión de un mes a tres años
"para el que por violencia, amenazas, engaños,
abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro,
total o parcialmente, de la posesión o tenencia
de un inmueble o del ejercicio de un derecho real
constituido sobre él, sea que el despojo se
produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose
en él o expulsando a los ocupantes". En
los siguientes incisos se agrega: "El que, para
apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere
o alterase los términos o límites del
mismo; el que, con violencia o amenazas, turbare la
posesión o tenencia de un inmueble".
Según especialistas
en la materia, en el sistema argentino una escritura
no es constitutiva del derecho. El ejercicio del derecho
se concreta por medio de los distintos modos de poseer.
"Es una cuestión controversial. La propiedad
no tiene que ver con el delito de usurpación;
en este caso, es necesario demostrar la posesión
del inmueble. Si alguien no usa la cosa de la que
es dueña, cualquiera puede meterse y ejercer
actos posesorios", explicó un magistrado.
Alerta en la
gobernación
LA PLATA.- Los últimos
casos de presuntas usurpaciones de campos encendieron
la alarma en el gobierno bonaerense. El ministro de
Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, admitió
a LA NACION que ése fue uno de los temas excluyentes
en la reciente reunión de la Mesa Agropecuaria
Provincial.
"Hay preocupación,
y el gobernador Felipe Solá pidió un
informe de los casos. Es un tema que debemos tratar
con reserva. Es probable que tengamos una reunión
con la Procuración bonaerense", dijo Rivara.
"No tenemos información
de que las usurpaciones sean un delito frecuente,
pero -a no dudarlo- si hay policías involucrados,
serán sancionados", dijo José María
Gouin, supervisor operativo del Programa de Lucha
contra el Delito en el Campo. Agregó: "Existen
cuestiones particulares, como propietarios que no
quieren gastar plata en un puestero y dejan el campo
solo, o denuncias por usurpación que luego
descubrimos que se trata de una complicada trama de
sociedades y personas con cuentas pendientes".
Horacio Delguy, presidente
del Frente Agropecuario Nacional, sostuvo: "Las
usurpaciones son la consecuencia de la inseguridad:
la gente se harta de ser asaltada y abandona los campos,
que luego son ocupados". La alarma es moneda
corriente en las sociedades rurales de la provincia.
"Modelo"
de defraudación
LA PLATA.- A pesar de
que las autoridades del Registro de la Propiedad bonaerense
aseguran haber reforzado en los últimos años
la seguridad en el resguardo de la información,
aún es fácil obtener datos de inmuebles
y sus dueños por vías legales y luego
hacer mal uso de ellos.
LA NACION pudo reconstruir,
con el auxilio de expertos en la materia, el probable
modus operandi de quienes usurpan propiedades para
vaciarlas o disputar la propiedad.
Comienza con la búsqueda
de una casa con aspecto de deshabitada y preguntas
a los vecinos. Sabiendo calle y número, en
la Dirección de Catastro se obtiene la nomenclatura
catastral, que también figura en las boletas
de impuestos municipales.
Con ese dato, ya se
puede acceder, en el Registro de la Propiedad, a un
certificado de dominio o un índice de titularidad,
que permitirá saber quién es el último
propietario, su DNI y cuántos bienes posee.
Son todos trámites
que puede hacer un abogado, gestor o escribano sin
saber para qué los necesita su cliente. Con
esos datos, en la Dirección de Rentas, por
Internet, es posible averiguar si la propiedad en
cuestión registra alguna deuda. Entonces, a
los delincuentes sólo les queda concretar la
usurpación, inicio de un complicado y largo
proceso legal.
La
Nación
Sábado 04/06/05
Por Fernando Bertello
Firme
interés por alquilar
Contra los pronósticos
que sostenían que los menores precios de la
soja iban a ocasionar bajas de un 20% en los arrendamientos,
en la zona agrícola núcleo se hicieron
contratos a valores similares a los del año
pasado; sí descendieron en las regiones "marginales"
Con poco más
de tres meses por delante para el comienzo de la campaña
de granos gruesos, ni el derrumbe del precio de la
soja entre fines de 2004 y los primeros meses del
año ni la pérdida de rentabilidad o
el alza de costos para producir han afectado los alquileres
de campos en la pampa húmeda, que en quintales
continuaron con valores altos, similares a los del
año pasado o con una leve suba.
En líneas generales,
hoy especialistas, productores y contratistas coinciden
en que, contra lo que se proyectaba en febrero último,
cuando se esperaban caídas de hasta un 20%
en los precios de los alquileres, para acompañar
el descenso de la soja, que en ese mes llegó
a cotizarse en US$ 137/138 la tonelada (hoy está
en torno de los 170 dólares), el mercado de
arrendamientos siguió con una fuerte demanda,
que repercutió sobre los precios de los contratos.
En los campos de terceros se hace algo más
del 50 por ciento de la producción agrícola
nacional.
Si bien no hay una única
causa para explicar esta tendencia, los buenos rindes
del maíz y de la soja en gran parte de la zona
agrícola núcleo, que en muchos casos
superaron los 10.000 y los 4000/4500 kilos, respectivamente,
contribuyeron a que el mercado de alquileres se moviera
al ritmo de estos resultados.
Así, en esta
zona (Pergamino, Rojas y Colón, por ejemplo)
hoy siguen pagándose 15/16 quintales de soja,
en tanto que en la periferia de esta región,
como en el sur santafecino, el sudeste cordobés
y parte del oeste bonaerense, los arrendamientos oscilan
entre los 12 y los 14 quintales de la oleaginosa.
Aparte del factor rinde,
el mercado de alquileres se ha encontrado con otros
denominadores en común que apuntalaron los
valores, como el interés de los inquilinos
por no perder el campo que trabajan, una mayor demanda
por parte de pooles de siembra y semilleros, la presunta
necesidad de los productores por compensar con más
escala los menores precios y las perspectivas de que
la soja no caiga por debajo de su cotización
actual.
Distinta es la situación
en las "nuevas zonas" para la producción
agrícola, como Salta y el Chaco, donde los
arrendamientos han cedido un poco y en algunos casos
se avanzó más hacia contratos a porcentaje
por la cosecha.
Alquileres sin
cambios
Para algunos especialistas,
esta tónica que ya ha mostrado el mercado contradice
los presagios acerca de que el pago de arrendamientos
elevados y los menores precios para la soja iban a
ocasionar complicaciones financieras en las empresas.
Al parecer, el interés por alquilar siguió
intacto.
"Los alquileres
son exactamente los mismos que el año pasado;
no variaron en quintales. Entonces, ¿por qué
valen igual? Porque hay mucha avidez por sembrar y
no perder campos. Hay contratistas que tienen aceitado
de hace años su equipo de trabajo y no lo quieren
desarmar aun cuando perdieran un poco de rentabilidad",
expresó a LA NACION Roberto Frenkel Santillán,
vicepresidente de Bullrich Campos SA.
Para Pedro Nordheimer,
gerente de Nordheimer SRL, el productor que logró
una buena cosecha en la última campaña
decidió alquilar más superficie antes
que destinar su dinero a otra inversión.
"Había perspectivas
de una baja [en los alquileres], pero yo no la vi.
Debido a que los rindes amortiguaron los precios,
los productores que tuvieron una buena cosecha prefirieron
invertir en sembrar más", señaló.
Según Eduardo
Fitz Gerald, director de Compañía Argentina
de Tierras (CAT), los productores y contratistas no
se resignan a perder la explotación que trabajan.
Por eso ya han convalidado en muchos casos los precios
de 2004.
"En la pampa húmeda,
el mercado sigue firme; se han hecho contratos a 15/17
quintales de soja. Cuesta mucho que un inquilino deje
un campo porque después no le resulta sencillo
conseguir otro y, además, siempre hay dos o
tres personas en la tranquera esperando que se vaya
para poder entrar", dijo.
Además de asegurarse
la posibilidad de seguir produciendo, los inquilinos
pretenden, según el experto, arrendar más
para compensar la baja de los precios. "Los alquileres
no aflojan; hay gente que piensa que puede llegar
a equilibrar ingresos frente a los menores valores
de los granos", indicó.
Alejandro de Elizalde,
director general de Elizalde, Garrahan &
Cía., agregó al interés del productor
la presión de pooles de siembra y semilleros
que están en el mercado. "El productor
sigue arrendando y los pooles hacen lo mismo. Los
alquileres no han bajado nada", afirmó.
Por su parte, Miguel
Lanusse, presidente de Malabe SA, enfatizó:
"Si se sigue alquilando en estos precios, se
puede perder dinero. Los contratos que estaban en
14/16 quintales hoy deberían estar entre 12
y 13 quintales".
Del lado de los productores,
la opinión generalizada es que los alquileres
continúan altos. Si bien en dinero el pago
podría ser menor en algunos casos, por la baja
de la soja, cuando la cuenta se toma en quintales
salta a la vista la mayor incidencia de los costos
y la necesidad de lograr más quintales para
cubrirlos.
Los mismos valores
"En la zona de
Venado Tuerto se habla de los mismos valores que en
la campaña pasada, pero también de un
quintal más. Acá es normal encontrar
alquileres de 14/15 quintales. Yo, por ejemplo, estoy
en medio de una negociación donde me piden
un quintal más; no obstante, trato de pagar
lo mismo que el año anterior", expresó
Sebastián Cañón, productor de
una empresa que en la última campaña
arrendó el 90% de la superficie que sembró.
Para Cañón,
muchos productores podrían no sembrar maíz
por culpa de los elevados alquileres. "Nos estamos
acercando a precios [de los arrendamientos] que no
se pueden pagar; por eso hay riesgos", indicó.
En sintonía con
esto, Julio Lieutier, consultor de empresas agropecuarias
del norte bonaerense, advirtió que en los campos
alquilados harían falta producir entre 80 y
100 quintales para que el productor pueda salir hecho
en este cultivo. "Contra esto, la soja aún
convalida los actuales alquileres, que en el caso
de Pergamino van desde los 14 hasta los 16 quintales",
explicó.
A grandes rasgos, los
contratistas también coinciden en que los arrendamientos
continúan siendo caros. "Hay alquileres
un 10% por encima a los del año pasado; en
Laboulaye han pedido 13 quintales", señaló
Juan Marenchino, quien trabaja con sus equipos en
el sur cordobés.
Jorge Skarpa, contratista
del sur santafecino, le agregó otra visión
a este tema. "No hubo bajas; sí se dio
una competencia entre productores y contratistas para
ver quién se podía quedar con el mejor
campo", indicó.
Aunque la pampa húmeda
parece estar lejos de mostrar un quiebre significativo
en los precios para producir en campos de terceros,
el escenario es distinto en las nuevas zonas agrícolas,
como el NEA y el NOA.
"En este sentido,
en el oeste chaqueño se han resentido los precios,
como consecuencia de las secas en los últimos
dos años", dijo el productor Gerardo Panzardi.
En Charata se han cerrado contratos a 90/110 dólares
la hectárea, contra 100/120 del año
pasado. En las zonas más alejadas a esta ciudad,
los valores descienden a 60/70 dólares.
En Salta también
se observa un descenso en los precios de los alquileres,
según expresan los productores. "En Las
Lajitas, donde en la campaña pasada los valores
anduvieron en más de 100 dólares, ahora
se está pagando un poco menos; sucede que en
las últimas campañas las lluvias fueron
irregulares", relató Lucas Jovanovics.
"Para esta campaña
hay contratos hechos entre los 90 y los 100 dólares,
como máximo", comentó Germán
Viramonte, responsable de la firma MSU en el NOA.
La
Nación
Viernes 18/02/05
Por Jorge A. Ramírez
No hay que repetir
políticas equivocadas para el agro.
Recientemente, en una
reunión de productores que integran la Confederación
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(Carbap), tuvimos oportunidad de escuchar encendidos
discursos que inevitablemente desembocaban en propuestas
de medidas de fuerza para rectificar políticas
agropecuarias que afectan al sector, en especial a
la agricultura.
Temas como la persistencia
de las retenciones a las exportaciones; los saldos
de IVA irrecuperables; las regalías y la amenaza
de Monsanto de cobrarlas compulsivamente; las distorsiones
que produce el impuesto al cheque; la falta de gasoil;
los aumentos desmedidos de los fertilizantes, y la
caída en los precios internacionales de los
commodities hacen presumir que la rentabilidad del
sector está seriamente comprometida.
Conviene recordar que
en la década del 90 unos 120.000 productores
desaparecieron de la actividad agropecuaria. De los
restantes 320.000 que quedaron en pie, el 60 por ciento
tenía un fuerte endeudamiento con la banca
y los proveedores. De las 27 millones de hectáreas
que posee la provincia de Buenos Aires, 9 millones
estaban hipotecadas.
Esto fue consecuencia
de la falta de rentabilidad que padeció el
sector, producto de un contexto internacional desfavorable
en la mayoría de esos años, el tipo
de cambio que no se correspondía con la realidad
económica y las tasas de interés usurarias
en términos de dólar o pesos convertibles.
En los comienzos del
nuevo siglo, el contexto internacional cambió.
Los commodities en dólares recuperaron su valor,
el tipo de cambio favoreció las exportaciones,
la tasa de interés bajó y el superávit
fiscal primario evitó una disparada inflacionaria
en ciernes.
El Gobierno creyó
oportuno, cuando el dólar trepaba hasta los
$ 4 y la soja se cotizaba el doble que ahora, implantar
las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario,
que no es otra cosa que quedarse con una parte de
la producción y que en algunos casos llega
al 23,5 por ciento del precio. Por eso se dice que
cada cuatro barcos que salen con soja, con uno se
queda el Estado. El sector aceptó resignadamente
estas medidas, dado el difícil contexto que
se vivía en el país y por el compromiso
oficial de destinarlas a paliar las necesidades de
las clases sociales más desprotegidas por la
crisis.
Pero este año
las cosas han cambiado. El Gobierno anuncia un superávit
fiscal de 19.000 millones de pesos. Las reservas en
el Banco Central de 20.000 millones de dólares
son equivalentes a las existentes cuatro años
atrás. En ambos casos el sector ha contribuido
decisivamente, aportando recursos presupuestarios
mediante las retenciones e impulsando el crecimiento
de las reservas por la liquidación de divisas
por exportación. La desocupación ha
bajado y se han creado 1,5 millones de puestos de
trabajo en los últimos tres años, de
los cuales la cadena agroalimentaria absorbió
casi la mitad.
El contexto internacional
para los commodities es ahora desfavorable, la crisis
del petróleo ha encarecido el gasoil y se corren
riesgos de desabastecimiento. Muchos otros insumos
tienen precios en dólares superiores a los
de la convertibilidad. La presión impositiva
sigue en aumento y las tan mentadas políticas
activas del Gobierno brillan por su ausencia.
Experiencia histórica
Se suele decir que los
países que no aprenden de los errores que les
señala la historia tienden a repetirlos. En
nuestro caso desde hace 60 años se reiteran
políticas erróneas para el sector. Y
se insiste en ellas. Ni siquiera tenemos la habilidad
para copiar lo que en otros países ha dado
buenos resultados. Allí están los ejemplos
de Australia, Nueva Zelanda y Brasil.
No es de la esencia
de la democracia resolver las cosas por la fuerza.
Pero está claro que la dirigencia política
sólo escucha los reclamos cuando se los hace
llegar por esa vía. No pretendemos que el Estado
nos dé una mano, sino que nos la saque de encima.
El autor es presidente
de la Sociedad Rural de 25 de Mayo.
La Nación
Sábado 11/09/04
PROYECTOS DE
LEY MAL FUNDAMENTADOS.
La Comisión de Legislación General de
la Cámara de Diputados de la Nación
tiene en carpeta cuatro proyectos de Ley sobre restricciones
y límites a la adquisición de dominios
de inmuebles rurales por personas físicas o
jurídicas de origen extranjero. Tres de ellos
fueron ingresados en el presente período parlamentario
y el cuarto data del 2003. Todos tienen muchos puntos
en común con el proyecto de Elisa Carrió
presentado en 2002 y obviamente no podrían
pasar desapercibidos en el universo de propietarios
de campo, ni ser soslayados por asimilar su propuesta
a criterios, sustentados en singulares fundamentos
acerca de lo que se interpreta por soberanía.
.Usualmente, para legislar, es importante recurrir
a consultas sobre leyes similares en otros países,
que sean desarrollados o al menos en aquellos que
se precien de intentar llegar a serlo. Esto, de alguna
manera rescata en defensa de quién impulsa
una ley, las argumentaciones que en su favor resultan
de su rigurosa y exitosa aplicación en otras
lides. .Esta es condición necesaria pero no
suficiente para legislar, es importante además
tener un conocimiento acabado respecto de la problemática
sobre la que se impulsa un proyecto, además
diferenciar el estado de situación referido
al sujeto de la propuesta, antes de inferir conclusiones
que emanen de la legislación comparada. .Si
uno de los soportes para llevar adelante este proyecto
se encuentra sustentado en normas similares que rigen
en otros países, como Europa, no se tuvo en
cuenta que allá, a la inversa de lo que aquí
ocurre, los estados subvencionan al agro con ingentes
sumas provenientes de los impuestos emergentes de
otras actividades económicas. .Lo hacen de
tal manera que los subsidios para la actividad primaria,
representan en el mundo la friolera de mil millones
de dólares por día. .En nuestro país,
en cambio, los productores agropecuarios tenemos un
socio que se lleva mas del 50% de nuestros ingresos,
por diferentes caminos como las retenciones a las
exportaciones, alícuotas de IVA diferenciado,
superposición de impuestos a la tierra, ganancias
ficticias sin ajuste por inflación, si no hay
ganancias se paga Renta Presunta, impuestos a los
combustibles, a los débitos y créditos
bancarios, etcétera. Como contraprestación,
los servicios que brinda el Estado distan mucho de
aproximarse siquiera a un modelo ideal, que permitiera
contar con seguridad adecuada, excelente educación,
calidad en salud, independencia y ética en
la justicia, permanencia y estabilidad en la seguridad
jurídica. .Tal vez sería mejor proponer
la eliminación de las retenciones a las exportaciones,
para que esos siete mil millones anuales le permitan
al productor no vender o competir en la inversión
de bienes raíces con los extranjeros que tengan
la osadía de venir a comprar campos, y que
aprendan aquí lo difícil de producir
en un escenario donde los mercados se encuentran desnaturalizados
por efecto de su propia medicina, a la vez que el
estado lo acompaña en sentimientos previa apropiación
de una porción sustancial de su renta. .Parece
razonable que los miembros de la Cámara de
Diputados del Parlamento Europeo impulsen la sanción
de normas que impidan la venta de campos a extracomunitarios,
seguramente intentan resguardarse de la posibilidad
que algún inversor extranjero decida la compra
de inmuebles, especulando con atrapar los beneficios
emergentes de los subsidios. .
Derecho constitucional
.Consolidar alguna de estas propuestas, establecería
avances en la inseguridad jurídica, siendo
que ha sido esta en los últimos años,
la responsable de severos daños económicos
y sociales de los que aún no nos hemos recuperado.
Implicaría asimismo condicionar la igualdad
ante la ley, violando el Art. 20 de la Constitución
Nacional donde refiere que "Los extranjeros gozan
en el territorio de la Nación de todos los
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su
industria, comercio y profesión; poseer bienes
raíces, comprarlas y enajenarlas...."
.Aparecen propuestas poco serias como que las adquisiciones
que violen las prescripciones de la Ley, serán
nulas y el vendedor estará obligado a restituir
al adquirente el precio del inmueble en forma actualizada.
.En caso de empresas, cualquier modificación
societaria posterior a la adquisición que altere
el régimen específico de titularidad
de inmuebles rurales, debe ser comunicada a la Autoridad
de Aplicación y adecuarse a los requisitos
de la ley, caso contrario la sanción será
la pérdida del dominio a favor del Estado nacional,
sin derecho a indemnización alguna. .Si el
objetivo loable es favorecer el afincamiento del productor
en su tierra y que pueda seguir produciendo sin enajenar
su propiedad, hay mil maneras diferentes, estas propuestas
no tienen que ver con ellas.
Cada día creo mas que el sentido común
es el menos común de los sentidos..
Por Jorge Guido Ugolini
Para LA NACION .El autor
es ingeniero y vicepresidente de Confederación
de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).
12/8/04
La Nación
Venta de tierras: siguen las críticas. Carbap reclamó
políticas de Estado
Para el ex secretario
de Agricultura Jesús Leguiza, la iniciativa
constituye un camino equivocado Elogió un proyecto
sobre derecho real de superficie.
La Confederación
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(Carbap) y el ex secretario de Agricultura Jesús
Leguiza se sumaron a las críticas que desató
la iniciativa legislativa que pretende restringir
y limitar la adquisición de inmuebles rurales
por capitales extranjeros, presentada por los diputados
nacionales José María Díaz Bancalari
(PJ- Buenos Aires) y Jorge Dahud (PJ- Entre Ríos),
y cuyo tratamiento sobre tablas en Diputados fracasó
anteayer.
Entre otros dirigentes,
ya se expresaron en contra del proyecto los presidentes
de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens,
y de Confederaciones Rurales Argentinas (C), Benito
Legeren, y el diputado nacional Guillermo Alchouron
(Acción por la República Buenos Aires).
El titular de Carbap,
Mario Llambías, consideró que dicho
proyecto es contrario al espíritu de la Constitución
Nacional.
Cabe recordar que el
artículo 20 de la carta magna establece, entre
otros conceptos, que "los extranjeros gozan en
el territorio de la Nación de todos los derechos
civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria,
comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos..."A partir de este
argumento, para Llambías "resulta inconducente
efectuar mayores consideraciones sobre la cuestión".
En diálogo con LA NACION, el titular de la
entidad más poderosa adherida a CRA sugirió
que, en tal caso, "lo que se debería investigar
bien es de dónde provienen los capitales".El
dirigente puntualizó también que el
principal problema por resolver de manera urgente
es "la falta de políticas de Estado por
las cuales muchos productores agropecuarios argentinos
han dejado o deberán dejar de serlo".
Agregó Llambías
que se debe permitir el desarrollo del productor y
su familia en un ámbito que le es propio y
desde el que cumple un papel social fundamental en
las comunidades del interior.
"Lamentablemente
-agregó-, desde sucesivos gobiernos se ha visto
al sector como un mero aportante a las arcas fiscales,
sin tener en cuenta su importancia en la generación
de empleos, su aporte en el crecimiento equilibrado
del país y su importancia geopolítica."
Por último, Llambías consideró
que "es el momento oportuno para que los argentinos
iniciemos un profundo debate sobre el país
que queremos"
Camino equivocado
Por su parte, Jesús Leguiza, secretario de
Agricultura durante la fugaz presidencia de Adolfo
Rodríguez Saá y ex subsecretario de
la cartera, señaló que prohibir la venta
de tierras es un camino equivocado y poco creativo
"Esta es una forma
adicional de empobrecer el país", insistió
Al respecto, recordó
que el Senado dio media sanción en diciembre
último, a instancias del entonces senador José
Luis Gioja (PJ-San Juan, provincia de la que ahora
es gobernador), un proyecto que crea un nuevo derecho
real de superficie forestal y frutícola, "una
manera eficaz de promover inversiones sin vender tierras
y una barrera eficaz en la lucha sanitaria en zonas
donde hay montes abandonados"
Leguiza explicó
que con el derecho real de superficie, tanto forestal
como frutícola, cualquier extranjero puede
realizar inversiones sin necesidad de comprar tierras
LA NACION, 12/8/04
LO QUE LA ARGENTINA
NECESITA
Guy Sorman Intelectual
y escritor francés
Fuente: Clarin
En esta columna, el
pensador, intelectual y escritor francés Guy
Sorman reflexiona sobre las causas de las dificultades
económicas y sociales de la Argentina. Es un
adelanto de lo que va a plantear en el congreso de
AAPRESID, que reune a la vanguardia agropecuaria desde
el martes próximo, en Rosario, bajo el lema
del "empowerment".
La historia económica
de la Argentina está directamente relacionada
con el destino de la propiedad privada: cuando la
propiedad privada está a salvo, la Nación
crece; cuando la propiedad privada se ve amenazada,
la Argentina decrece.
Una causalidad tan clara
no es algo inusual debido a que la experiencia económica
general demuestra claramente que sin propiedad privada
segura, no existe desarrollo sostenido. Después
de casi una centuria de prueba y error, los economistas
de todas las naciones concuerdan en que la economía
funciona mejor cuando la empresa, los inversores y
los trabajadores privados pueden planificar para el
futuro sin temer una interferencia política
excesiva, locuras ideológicas e incumplimientos
de contratos. De este modo, el supuesto misterio de
la crisis argentina y su deterioro continuo puede
explicarse fácilmente; en realidad, no existe
misterio alguno.
Sin embargo, primero
debemos definir el concepto de propiedad privada;
la propiedad no sólo implica una propiedad
real sino también dinero, moneda, ahorros,
derechos de jubilación, contratos públicos
y privados. Por lo tanto, casi todos los ciudadanos
adultos de la Argentina poseen un interés adquirido
en la propiedad privada, comenzando con el Peso en
su bolsillo.
Desde hace medio siglo,
estos propietarios privados han padecido de varias
formas de robo del sector privado y público;
como la falta de cumplimiento de las cláusulas
públicas y privadas, la inflación monetaria,
la devaluación, la disminución de las
jubilaciones, ahorros y créditos. Todas estas
son formas de robo. Incluso, cuando un ataque contra
la propiedad es legitimada por el Estado (generalmente
sin una discusión adecuada en una democracia
a medias como la de Argentina) el propietario sufre
un robo de todos modos. Esos son simples hechos, no
un juicio o una postura partidaria; la economía
no es una ideología, ni siquiera una lección
de moralidad sino una cuestión objetiva de
pura eficiencia.
Tomemos a la China comunista
o a Corea del Norte para entender mejor cómo
la ausencia de propiedad privada puede conducir a
una pobreza absoluta. Por un lado, consideremos a
Nueva Zelanda, Canadá o Chile donde el respeto
por la propiedad privada bajo el imperio de la ley
es la base de la prosperidad sostenida; cuanto mayor
sea el sector privado, mayor será la tasa de
crecimiento. En dichos países, que podrían
compararse con la Argentina, el Estado es fuerte,
no está ausente ni es obseso. El principal
objetivo del Estado bajo el imperio de la ley, es
proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos,
no destruirlos. Por consiguiente, los ciudadanos (y
no súbditos) de esas naciones tienden a tomar
riesgos a largo plazo, a invertir y no a dilapidar
los fondos ni a exportarlos; esto es precisamente
lo contrario a la situación argentina. La combinación
de una propiedad privada fuerte y un Estado justo
explica mejor la brecha económica existente
entre, digamos, Canadá y Argentina (ambas con
una educación de estilo europeo) que las consideraciones
culturales vagas o elegantes sobre el surgimiento
o la caída de las civilizaciones.
Si consideramos válida
esta hipótesis sobre la propiedad privada,
la lista de los ataques contra ella en la Argentina
parece ser interminable. El proceso de robo disimulado
bajo la forma de diversos disfraces ideológicos
o argumentos técnicos comenzó después
de la 2ø Guerra Mundial y continúa hasta
el día de hoy. Los gobiernos han cambiado,
han sido democráticos o autoritarios, pero
la permanente elección por el camino erróneo
ha sido bastante notoria. El robo del Estado afecta
en los derechos fundamentales de propiedad como los
contratos de privatización, los ahorros, así
como en las deudas de los ciudadanos nacionales y
extranjeros; los pobres padecen de igual modo la inflación,
como la devaluación, la pérdida de jubilación.
Si el Estado desprecia los contratos y la propiedad,
¿por qué los corruptos han de comportarse
de manera diferente? Los robos menores, las coimas,
los secuestros no son más que versiones populares
de lo que se maneja en grande en la cima del poder.
El comportamiento tan impredecible del Estado ha originado
una cultura nacional de inmediatez: hagámonos
ricos rápidamente, gastemos y vayámonos.
Para toda la sociedad, la elección racional
es no ahorrar, no invertir, no creer en el futuro
del país. ¡No se puede criticar a los
inversores extranjeros por no haber sido mejores patriotas
que los argentinos mismos!
Por consiguiente, el
hecho de que la especulación y el fraude sean
más frecuentes en la economía argentina
que el compromiso a largo plazo no tiene ninguna relación
con la cultura local ni con la falta de integridad
de las personas; es la estrategia de supervivencia
en un contexto hostil.
¿Se podría
modificar dicho contexto y cambiar la economía
por completo y de verdad?
De hecho, en teoría,
se podría lograr, pero hasta el momento —como
se percibe desde el extranjero — no hay ninguna
señal visible. Es verdad que a algunos exportadores
les está yendo muy bien, la mayoría
en los agronegocios. «éstos son los empresarios
más eficientes del país y conocen bien
el mercado mundial; pero carecen de incentivo para
diversificar y crear una agroindustria sofisticada
como lo ha hecho su vecino Brasil. No significa que
los argentinos sean menos emprendedores que los brasileros.
Brasil está simplemente más seguro que
la Argentina, más aún, debido a que
Lula venció el tercermundismo.
Las decisiones políticas
recientes han agravado la dolencia nacional por el
incumplimiento de contratos con los inversores nacionales
y extranjeros, los jubilados o los simples propietarios
de cajas de ahorro. Los agravios comerciales con el
FMI tampoco son el sustituto del debate. Mientras
que no se comprenda ni se revelen los motivos del
decrecimiento histórico, los ciudadanos seguirán
viviendo en una realidad cotidiana y de pobreza.
Lo que Argentina necesita
con urgencia es una Constitución económica.
Una Constitución tal que prohíba a los
gobiernos a interferir con la propiedad privada. Y
que debe ser escrita por hombres sabios y aprobada
por un referéndum nacional.
INSISTEN
CON EL PLAN PARA LIMITAR LA VENTA DE TIERRAS A EXTRANJEROS
Las controvertidas propuestas
legislativas para limitar la compra de bienes inmuebles
por parte de particulares y empresas extranjeras llegarán
esta semana al recinto de la Cámara de Diputados
El presidente del cuerpo,
Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires), accedió
al pedido de la diputada Susana García (ARI-Santa
Fe) y convocó para este martes a una sesión
especial para debatir sobre tablas su iniciativa,
al igual que una muy similar, presentada por el justicialista
Jorge Daud (Entre Ríos) y firmada por el propio
titular de la bancada justicialista, José María
Díaz Bancalari (Buenos Aires). Los proyectos,
que ni siquiera han sido tratados por las comisiones
parlamentarias encargadas de hacerlo, fueron rechazados
por legisladores del propio PJ, la UCR y representantes
del centro parlamentario, quienes ya anticiparon a
LA NACION que no concurrirán a la cita, y propusieron
escuchar a los productores y representantes del sector
agropecuario mucho antes de sentar una postura concreta
sobre las polémicas iniciativas.
A fines de junio último,
Daud y Díaz Bancalari presentaron una iniciativa
que prohíbe, en su artículo 2, "la
adquisición de bienes rurales por personas
extranjeras, físicas no residentes o jurídicas
no autorizadas para funcionar en el país".
La restricción
también alcanza a personas y empresas extranjeras
autorizadas, quienes no podrán tener en su
poder "más de cuatro unidades de producción",
según la reglamentación que establezca
cada administración provincial.
La norma establece que
una empresa o persona extranjera no podrá poseer
más del 25% de la superficie total del municipio
donde se sitúe y que el Estado podrá
disolver sociedades anónimas titulares de inmuebles
que no comuniquen la propiedad de sus campos antes
de los seis meses de vigencia de la ley.
Una semana antes, la
diputada García había presentado un
proyecto similar, motivo de su pedido de sesión
especial. "Queremos que el tema se debata, con
un solo objetivo: el resguardo de la tierra como bien
social", dijo la legisladora a LA NACION
Daud, en tanto, se mostró
más cauto. "Vamos a dar el debate, aunque
nos hubiera gustado que el proyecto sea debatido en
el recinto luego del despacho de las comisiones",
afirmó el legislador entrerriano, quien, al
igual que García, se mostró dispuesto
a escuchar opiniones e introducir cambios en la legislación
para facilitar su eventual aprobación. "Es
indispensable legislar con un criterio de identidad
nacional, controlando nuestros recursos naturales,
pero sin complicarles la vida a las inversiones, que
son bienvenidas", aclaró Daud a LA NACION
Díaz Bancalari,
en tanto, hizo trascender que el tema no ha sido debatido
por el bloque, por lo que difícilmente se consiga
el número necesario de legisladores para que
la sesión especial prospere. El titular del
bloque de la UCR, Horacio Pernasetti (Catamarca),
aclaró que sus diputados no concurrirán,
ya que "nunca vamos a una sesión especial
sin consenso previo con los representantes de otras
bancadas". Las iniciativas están actualmente
en las comisiones de Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Agricultura y Ganadería
de la Cámara baja
Rechazos .La presidenta
de la comisión de Agricultura y Ganadería,
María del Carmen Alarcón (PJ-Santa Fe),
se mostró sorprendida por la convocatoria.
"Estos son temas muy importantes, que debemos
trabajar con responsabilidad en las comisiones sin
ideologizar las posturas", afirmó la legisladora,
para quien "tiene que haber primero una discusión
muy amplia con todos los sectores, sin encerrarnos
ni echarles la culpa a los extranjeros de lo que nos
pasa"
Para Alarcón,
"todos los países serios se preocupan
por el tema de las grandes extensiones, y tampoco
debemos subestimar a nuestros productores, que fueron
capaces de colaborar en la recuperación del
país a partir del campo"
Desde los bloques de
centro hubo duras críticas a los proyectos.
"Es el actual modelo productivo posdevaluación
el que puso banderita de remate a nuestras tierras.
Los mismos que querían salir de la convertibilidad
ahora se asustan de las consecuencias de sus políticas",
explicó el diputado Mauricio Bossa (Ucedé-Córdoba).
Para el legislador, "no debe haber ninguna restricción,
aunque sí cuidado de los recursos naturales",
para evitar la desertificación u otros efectos
no deseados de la explotación de los terrenos
Luego de las duras críticas
que la gran mayoría de los empresarios y productores
del sector agropecuario formularon a los proyectos,
todo indica que la sesión especial fracasará
y que las iniciativas comenzarán a ser debatidas,
lentamente, en las comisiones legislativas
Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION .Voces a favor
. Susana García (ARI) : "Queremos que
el tema se debata con un solo objetivo: el resguardo
de la tierra como bien social"
Jorge Daud (PJ) : "Es
indispensable legislar con un criterio de identidad
nacional, controlando nuestros recursos naturales"
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Domingo
25 de Julio de 2004
LA NACION LINE
| Política
Polémica propuesta:
repercusiones en el campo.
La iniciativa encuentra muchos reparos en el sector
agropecuario.
Temor a que se alejen las inversiones y a que se opaque
el mercado inmobiliario.
Inversores extranjeros piden que no se discrimine
por la nacionalidad del capital.
Generaría perjuicios económicos.
La iniciativa del PJ tiene pocas adhesiones.
Los intentos de regulación de la adquisición
de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras
provocan rechazos mayoritarios en el sector agropecuario,
aunque también logran alguna adhesión
entre sectores que tradicionalmente han asumido posiciones
ideológicas de izquierda. "¿Qué
se pretende -estalló un productor ante LA NACION-,
disminuir el valor de los campos con aventuras que
llevarían a reducir el potencial de la demanda?"
"Creemos que el punto por debatir no es tanto
la nacionalidad del propietario de la tierra, sino
el uso que se hace de esa propiedad, porque la tierra
tiene que cumplir una función social importante",
sostuvo Diego Perazzo, vicepresidente de la Compañía
de Tierras Sud Argentino, cuyos accionistas integran
la empresa Edizione Real Estate, perteneciente a la
familia Benetton.
La compañía, quizá la mayor propietaria
de tierras del país, posee 900.000 hectáreas
en la Patagonia y en Buenos Aires dedicadas a la producción
de ganadería ovina y vacuna, forestación
y agricultura. Ocupa a unas 800 personas en forma
directa e indirecta. "No se trata de discriminar
cuál es la nacionalidad de los propietarios
de la tierra -que, además, ningún extranjero
puede llevarse-, sino de lo que se hace con ella en
el nivel productivo y de cómo esa inversión
beneficia a la zona de influencia mediante el efecto
multiplicador que impacta fuertemente en la actividad
económica y social de una región",
añadió Perazzo.
Roberto Frenkel Santillán, de la firma Bullrich
Campos, opinó: "Lo que vamos a conseguir
con una regulación es perder la transparencia
que tiene el mercado inmobiliario de campos en el
país, quedar únicamente sujetos a los
vaivenes económicos locales y desalentar la
llegada de capitales frescos". Explicó
que de prosperar la iniciativa "la primera consecuencia
grave en el mercado inmobiliario será la pérdida
de la transparencia del negocio, porque aquel extranjero
que quiera invertir en la Argentina lo va a hacer
igual a través de un testaferro".
Y agregó: "Dependeremos de los vaivenes
del país. Y si se cae la economía, destruirá
todo. Esto trae desaliento y huida de capitales. Es
un disparate desalentar las inversiones extranjeras,
que siempre han sido beneficiosas para el campo argentino".
El presidente de la Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Mario
Llambías, comparte el espíritu del proyecto:
"Me gustaría que la industria y el campo
estén manos de empresarios nacionales, pero
creo que este proyecto (por el de Díaz Bancalari
y Dahud) requiere un mayor análisis porque
tiene algunos ítem a los que no suscribo, como
las limitaciones a los derechos de propiedad actuales
de los empresarios extranjeros.
"Me parece que el tema tiene que discutirse porque
no se puede esquivar el debate; más aún
si en otros países se toman recaudos que podrían
servir como ejemplo", expresó Llambías.
"Algo fundamental que comparto es que los compradores
de tierras se manejen con las leyes argentinas sin
ningún tipo de prebenda o beneficios adicionales
por tratarse de inversores extranjeros", señaló,
aunque aclaró que este tema no ha sido discutido
en la entidad bonaerense.
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